Vientos de guerra comienzan a soplar...
Hugo Chávez
1. El presidente Manuel Zelaya no organizó ningún referéndum. En este sentido, no dio un solo paso sobre lo que establece la constitución hondureña. Zelaya no hubiese renovado su mandato tras el 27 de enero de 2010. La consulta de la “cuarta urna” refería a una práctica electoral informal a realizarse en las (antes) próximas presidenciales, aquellas elecciones a las que Zelaya no hubiese podido presentarse como candidato. Es decir que refería a una suerte de encuesta.
2. Aunque así lo previera la constitución hondureña, las posibilidades de Zelaya para presentarse como candidato a renovar la presidencia habrían sido notablemente reducidas por un detalle: Zelaya, como todo político, es/era respaldado por un aparato partidario. En este caso, hablamos del Partido Liberal, partido político del cual es miembro el mismo Micheletti. La ruptura para con varios sectores de la alta burguesía hondureña le habría valido, pues, una interna contra los cuadros de ésta misma. Recordemos que Zelaya es algo así como un terrateniente caudillezco, un hijo rebelde de la derecha centroamericana que optó por reducir los precios del combustible, aumentar el salario de los empleados públicos en un 50% y alinearse tras el capitalismo de estado nacionalista de Chávez, eso que Mario Vargas Llosa denomina “una pequeña dictadura populista enfeudada al caudillo venezolano”.
3. Cabe destacar, dicho sea de paso, el contexto peculiar en el que se constituye la carta magna de Honduras (otro pico de un proceso generalizado en América Latina). La misma fue promulgada en 1982, bajo el mando de Roberto Córdova, quien ganara unas elecciones de dudosa credibilidad tras la oleada de golpes de Estado que habían sacudido este país, y quien también comenzara, desde la palestra del ejecutivo, con un proceso de “purga” que incluyó la aparición de “escuadrones de la muerte” y la desaparición de militantes de izquierda. Es decir, que la constitución violada por aquellos que encañonaron a Zelaya en pijamas, expatriándolo a pesar de que “ningún hondureño podrá ser expatriado ni entregado a un Estado extranjero” (Art. 102) y presentando una falsa carta de renuncia ante el parlamento, también es obra de un gobierno represivo y derechista.
4. Aquellos argumentos que resaltan el acercamiento de Zelaya al chavismo como motivo suficiente para su desposición, soslayando el golpe militar como exabrupto moralmente legítimo, son propios de los cuadros de la derecha continental que abogan por la restitución de un orden que privilegie los intereses del empresariado transnacional y de las “oligarquías locales”. Estas declaraciones se enmarcan en la misma lógica que justifica los medios por el fin, pudiendo considerar también como legítimos la insurrección armada y violenta de un foco de cuadros político-militares, cada cual desde su posicionamiento de clase o sector. Es decir que incurren más allá del lineamiento socialdemócrata, para alinearse tras lo que podríamos llamar una derecha golpista y militarista funcional a la política exterior norteamericana (veremos esto más adelante).
5. La versión que enfatiza una desestabilización del orden político por una contradicción de intereses de clases y sectores, así como un acto que proyecta un nuevo escenario continental, es mucho más clara que la teoría de “dos demonios” que predominó en los grandes medios (El País, La Nación, Liberation, entre otros). Ésta última resulta ingenua y descontextualizada al proceso político regional en el que se inscribe Honduras, además de valorizar por igual la suscripción de Honduras al ALBA con el cometido de un golpe militar.
6. La alternativa planteada por el presidente de Costa Rica, Óscar Arias, (Acuerdo de San José) sentenciaría la destitución de Zelaya del ejercicio del poder real. Por lo tanto, no podría considerársela más que una prolongación de los fines del golpe. La medida fue rechazada por el gabinete de Micheletti, así como lo fue la mediación de la OEA. Cualquiera de éstas alternativas consensúales parecen no significar más que una salida contraria a los intereses populares de Honduras o, en menor medida, una prolongación del tiempo necesario para que el gobierno militar asiente su fuerza política en el país. La negación de Micheletti significa uno de los varios puntos a tratar entre la burguesía local y los sectores externos que apoyan al golpe. Este tipo de disyunción entre agentes interiores y exteriores es reparable, y por lo tanto secundario.
7. El gobierno de los Estados Unidos y su presidente afroamericano, símbolo del progresismo liberal de estos últimos meses, posee más herramientas políticas para desestabilizar el gobierno golpista que cualquier otra organización de Estados. Esto sin siquiera pensar en la intervención armada. En las elecciones del Salvador de 2004, por ejemplo, bastó que el entonces presidente G. W. Bush amenazara con interrumpir los envíos de dinero de los inmigrantes salvadoreños a su país de origen, además de advertir a los capitales estadounidenses sobre el eventual abandono del país, para que el candidato Chafik Handal, del FMLN, perdiera el caudal de votos que le hubiesen valido la presidencia. Aquello que “Obama podría hacer”, en un marco de situaciones hipotéticas no reales, es especificado por Atilio Borón en su blog.
Es posible, entonces, considerar que el golpe de estado en Honduras refleja la proyección continental de un proceso político en formación. En un contexto de crisis económica y militar de la principal potencia occidental, no es extraño que recrudezcan los enfrentamientos entre aquellas fuerzas de intereses contradictorios. Esto mismo porque, si bien los gobiernos de Chávez y otros no establecen más que diferencias superestructurales para con otros países, éstos mismos constituyen el impedimento real para reestablecer las medidas similares a las que acostumbramos gran parte del siglo pasado. La implementación de relaciones funcionales al capital transnacional y financiero a las que subyaga una mano de obra devaluada y la concentración del poder económico sobre un mercado cautivo, así como ocurriese entre Felipe Calderón y Obama (por no hablar de Álvaro Uribe) entra en conflicto con los programas del ALBA. Esto ocurre a pesar de posibilidades de dominación consensuadas: el establecimiento de un “Plan Colombia” a nivel regional es imposible en este marco. Los intereses que pueda tener Estados Unidos sobre regiones estratégicas, pues, están muy por encima del tipo relaciones que podrían pactar, por ejemplo, los gobiernos de Venezuela y España. Se recordará la voz que el rey tuvo en la UE a pedido de condenar el golpe en Honduras. Esto ocurre después de la firma de grandes contratos de obras públicas entre Zapatero y Chávez, por no hablar de las concesiones al grupo Repsol para la explotación de petróleo en el Orinoco.
El golpe puede ser visto, entonces, como un acto político de similar significación a la que pudiera tener el establecimiento bases militares norteamericanas en Colombia, allá cerca de Venezuela, cerca del bastión del ALBA y de la cuenca petrolífera más grande del mundo. Como señaló el portavoz del Departamento de Estado de EEUU, Philip Crowley, la salida en Honduras funcional al orden que pregona Uribe en su gira continental (con vista principal a Brasil) es la de la restitución de Zelaya tal como señalé en el punto 6. Es decir, siempre y cuando se “siga cuidadosamente los pasos delineados en el Acuerdo de San José”. Acaso lo que haya querido decir Crowley es que el objetivo primero, anular cualquier fuerza política dominante que se alinee con Chávez, ha sido alcanzado. Lo que resta es calmar los humos de una gran cantidad de hondureños, la radicalización de esa amenaza histórica para las clases dominantes.
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