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Esta semana pensé en subir alguna reflexión sobre la ley de medios. Sinceramente no tuve tiempo ni ganas de ponerme a escribir sobre el tema. Aquel intento solemne de caracterizar un proyecto de ley, una línea política, por sobre las condiciones presentes y no por su contenido y proyección, ha sido la ficha del periodismo progresista durante estos últimos seis años. Este discurso se define por oposición a los sectores más reaccionarios de la derecha argentina. Como expresaría Saussure, el peronismo del siglo XXI se define por oposición; es cualitativamente negativo. El kirchnerismo no refleja una alternativa progresista en estos marcos. Su programa no ha sido más que un emprendimiento sobre la marcha. Despejemos los fantasmas: los DDHH no vienen del consenso de las Madres de Plaza de Mayo. Ni la desaparición de Julio López catapultó la voluntad política de emprender una reforma estructural del poder judicial que permitiera, primordialmente, acelerar los procesos contra los responsables del terrorismo de Estado. No hay recuperación institucional, como pregona el conservadurismo humanista, ni protección delimitada del poder adquisitivo de los trabajadores. La ley de medios responde a una interna entre un sector de la burguesía y el régimen político. La conceptualización trotskista puede sonar blanquinegra, pero esto es así. Detrás de la ley aguarda otro sector del empresariado y la burocracia contractualista. A esta altura del partido, mi posición desarrollaría una línea similar a la que emprendió Altamira, dirigente del PO, cuando escribió este artículo. Medidas de este tipo ponen entre espada y pared a los sectores que defienden la estatización, por ejemplo, de los fondos de distribución de aportes jubilatorios, aunque a esta suceda la capitalización del aporte o, tanto peor, su redistribución entre el empresariado.
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Esta semana pensé en subir alguna reflexión sobre la ley de medios. Sinceramente no tuve tiempo ni ganas de ponerme a escribir sobre el tema. Aquel intento solemne de caracterizar un proyecto de ley, una línea política, por sobre las condiciones presentes y no por su contenido y proyección, ha sido la ficha del periodismo progresista durante estos últimos seis años. Este discurso se define por oposición a los sectores más reaccionarios de la derecha argentina. Como expresaría Saussure, el peronismo del siglo XXI se define por oposición; es cualitativamente negativo. El kirchnerismo no refleja una alternativa progresista en estos marcos. Su programa no ha sido más que un emprendimiento sobre la marcha. Despejemos los fantasmas: los DDHH no vienen del consenso de las Madres de Plaza de Mayo. Ni la desaparición de Julio López catapultó la voluntad política de emprender una reforma estructural del poder judicial que permitiera, primordialmente, acelerar los procesos contra los responsables del terrorismo de Estado. No hay recuperación institucional, como pregona el conservadurismo humanista, ni protección delimitada del poder adquisitivo de los trabajadores. La ley de medios responde a una interna entre un sector de la burguesía y el régimen político. La conceptualización trotskista puede sonar blanquinegra, pero esto es así. Detrás de la ley aguarda otro sector del empresariado y la burocracia contractualista. A esta altura del partido, mi posición desarrollaría una línea similar a la que emprendió Altamira, dirigente del PO, cuando escribió este artículo. Medidas de este tipo ponen entre espada y pared a los sectores que defienden la estatización, por ejemplo, de los fondos de distribución de aportes jubilatorios, aunque a esta suceda la capitalización del aporte o, tanto peor, su redistribución entre el empresariado.
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